La escandalosa incompetencia puesta de manifiesto por los actuales responsables de la Administración en el intento de organizar una carrera profesional en el funcionaria-do docente, nos ha hecho llegar a una situación esperpéntica donde, por razones injustificables, ante las mismas responsabilidades profesionales y las mismas condiciones contractuales se dan formas de retribución salarial diferentes apoyadas en resoluciones declaradas ilegales por los tribunales.
La sentencia de 24 de septiembre de 2009 del TSJA declara definitivamente nulas las resoluciones de 18 de mayo de 2007 que convoca el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera profesional (la que da formato a la firma de un cheque en blanco a la Administración) y de 4 de diciembre de 2007 por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos correspondientes al primer nivel de carrera profesional (la que establece la lista de los que deben cobrar).
Cuando se pide la ejecución de la misma, el propio TSJA, no es capaz de encontrar consecuencias derivadas de ella. Entiende que por una parte no se puede pagar a los que no cobran porque es un pago ilegal pero por otra parte considera que no se debe dejar de pagar a los que cobran de forma ilegal porque de ello “los apelantes ningún beneficio obtendrían ni en su esfera personal ni patrimonial”.
Mientras tanto, en un grotesco ejercicio de berlusconismo, el Gobierno se intenta pa-rapetar tras una ignominiosa Ley (6/2009, de 29 de Diciembre) de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos que pretende justificar a posteriori (“paliativamente” según sus propios valedores) las irregularidades cometidas desde el principio.
Al amparo de la citada sentencia de 24 de septiembre, a la que todavía le queda un importante recorrido judicial (“… sin que estemos indicando que dicha ley no pueda ser contraria a la Constitución” dicen los Magistrados de la Sala):
Llamamos a todos los interesados a constituir una PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DE LOS DAMNIFICADOS POR LA LEY DE EVALUACIÓN
Como continuación y relanzamiento de cuantas acciones se están realizando para resolver la situación.
Como heredera de la “Plataforma de los 140” que obtuvo la sentencia favorable de 24 de septiembre.
Como aglutinante de todas las iniciativas que luchen por devolver la cordura a la organización de las retribuciones del funcionariado en general, y del docente en concreto.
Como cauce para canalizar las necesarias movilizaciones ante las inminentes convocatorias electorales.
